Borradores de Economía - Evaluando el seguro de desempleo en una economía en desarrollo: evidencia para Colombia
La serie Borradores de Economía, de la Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República, contribuye a la difusión y promoción de la investigación realizada por los empleados de la institución. Esta serie se encuentra indexada en Research Papers in Economics (RePEc).
En múltiples ocasiones estos trabajos han sido el resultado de la colaboración con personas de otras instituciones nacionales o internacionales. Los trabajos son de carácter provisional, las opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y sus contenidos no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.
El seguro de desempleo en Colombia, conocido como Mecanismo de Protección al Cesante (MPC), en vez de desincentivar la búsqueda de empleo, permite búsquedas más prolongadas y selectivas. Este estudio encuentra que, aunque no incrementa directamente los salarios, facilita que los trabajadores que lo obtienen, especialmente los de menores ingresos, accedan a empleos más estables, permanezcan más tiempo en ellos y se vinculen a empresas más productivas. Por último, hay un aumento en la probabilidad de cambiar de sector, lo que sugiere reasignaciones hacia ocupaciones más acordes con el perfil de cada trabajador.
Enfoque
En 2013, mediante la Ley 1636, Colombia creó el Mecanismo de Protección al Cesante (MPC) con el propósito de mitigar los efectos económicos de la pérdida del empleo y facilitar la reinserción laboral. El programa otorga, hasta por seis meses, aportes a salud, pensión y subsidios familiares a los trabajadores formales que pierden su empleo, condicionados a la participación en servicios de empleo y capacitación. Para acceder a estos beneficios, los trabajadores dependientes deben haber cotizado a una Caja de Compensación Familiar durante al menos 12 de los últimos 36 meses. En 2020, frente al choque económico del COVID-19, el beneficio se amplió en monto y duración. Para asegurar la continuidad de las medidas de apoyo y promover la recuperación del empleo tras la pandemia, el Ministerio del Trabajo expidió la Ley 2225 de 2022, que modificó la Ley 1636 de 2013 en lo relativo a los beneficios económicos del MPC; la reforma introdujo una ampliación de los beneficios y de los controles para identificar a los beneficiarios. Evaluar la efectividad de este tipo de políticas resulta particularmente relevante en una economía como la colombiana, caracterizada por altos niveles de desempleo y de informalidad —superior al 55 %, donde el seguro de desempleo coexiste con un amplio sector informal y las restricciones de liquidez limitan la capacidad de los trabajadores para sostener búsquedas de empleo prolongadas.
Contribución
Este estudio ofrece una evaluación causal del impacto del MPC en los resultados laborales en Colombia. Aprovecha el umbral de 12 meses de cotización, que define con precisión quiénes acceden al beneficio, comparando a trabajadores apenas por encima y por debajo de ese punto de corte. Para evitar que los efectos observados se confundan con decisiones de los propios trabajadores, el análisis se concentra en quienes perdieron su empleo debido al cierre de la empresa, un choque externo no atribuible a sus características personales; además, los hallazgos se confirman al examinar un choque alternativo: despidos masivos. La estrategia se apoya en registros administrativos detallados que vinculan empleadores y empleados, lo que permite seguir las trayectorias laborales antes y después de la pérdida del empleo. La principal contribución consiste en aportar evidencia rigurosa sobre los efectos del seguro de desempleo en una economía en desarrollo con alta informalidad, examinando no solo la duración del desempleo y los salarios, sino también dimensiones de la calidad del nuevo empleo —como su estabilidad y el tipo de empresa contratante— habitualmente ausentes en estudios previos.
Resultados
Los resultados muestran que la elegibilidad para el MPC prolonga la duración del desempleo en aproximadamente un mes, sin generar mejoras en los salarios de reincorporación. Sin embargo, los trabajadores elegibles acceden, en promedio, a empleos más estables: permanecen más tiempo en su primer puesto tras el desempleo y tienen una mayor probabilidad de reincorporarse en empresas más productivas, definidas como aquellas que pagan salarios por encima de la mediana. También aumenta la probabilidad de cambiar de sector económico, lo que sugiere una reasignación hacia ocupaciones más acordes con el perfil de cada trabajador. Estos efectos se concentran en los trabajadores de menores ingresos, lo cual es consistente con la idea de que el seguro alivia las restricciones de liquidez y permite búsquedas más prolongadas y selectivas, en lugar de desincentivar la búsqueda de empleo. Los efectos resultan, asimismo, mayores entre los hombres, en línea con las diferencias documentadas en los salarios de reserva y en las restricciones financieras entre géneros. En conjunto, la evidencia indica que, incluso en un mercado laboral con alta informalidad, el seguro de desempleo cumple una función relevante: no incrementa los salarios de manera directa, pero contribuye a transiciones laborales más eficientes y a relaciones de empleo más estables y productivas.
